TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 6 DE FEBRERO DE 2024 – La Fiscalía General del Estado informa que cinco imputados por delitos contra la salud han sido vinculados a proceso penal, gracias a la presentación de elementos de prueba por parte del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo.

En la primera audiencia, Juan Manuel “N” y Luis Osvaldo “N” fueron vinculados por delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión de marihuana. Ambos fueron detenidos el 27 de enero de 2024, a bordo de una motocicleta Italika color gris, en posesión de cinco envoltorios de marihuana.

Luis Antonio “N” fue vinculado por posesión de cocaína. Su detención tuvo lugar en la calle Torreón de la colonia Magisterial en Tijuana, con cinco envoltorios de la droga mencionada.

José Armando “N” fue vinculado por posesión de metanfetamina y marihuana. Fue asegurado en la colonia Centro con 13 bolsas de marihuana y 13 envoltorios con metanfetamina.

José David “N” fue el quinto imputado vinculado a proceso. Fue abordado en la colonia Los Laureles por agentes preventivos de la policía de Tijuana, llevando consigo 35 envoltorios de metanfetamina y 15 bolsitas transparentes con 38.1 gramos de marihuana.

Además de la vinculación a proceso, en todos los casos, la autoridad jurisdiccional estableció un plazo de un mes para la realización de la investigación complementaria.

Estos resultados son parte de las acciones de la Fiscalía General del Estado en seguimiento a denuncias e investigaciones por delitos relacionados con drogas, reiterando el llamado a la población para reportar anónimamente estos delitos a través del 089.

En representación del titular de la SGG, Catalino Zavala Márquez, la subsecretaria de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez, señaló que desde el inicio de esta administración se han impulsado acciones para garantizar el respeto a los derechos humanos, así como transversalizar este enfoque en todas las áreas, por instrucción de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda.

Olvera Rodríguez refrendó el compromiso del Estado para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como una obligación y una tarea prioritaria, pero también como una vocación, haciendo patente la voluntad y la consciencia que distingue a esta administración.

Por su parte, la coordinadora para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la SEGOB, Nancy Desiderio Noyola, explicó que el Protocolo para la implementación de medidas cautelares es una guía para la atención coordinada entre autoridades de los tres niveles de Gobierno para la protección de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de quienes al ejercer su libertad de expresión ven amenazada su integridad.

La subsecretaria de Derechos Humanos expresó que seguirán trabajando en conjunto, Gobierno, academia, organismos internacionales y sociedad civil organizada, para generar mejores condiciones y fortalecer el derecho a la libertad de expresión como un fundamento del ejercicio de la democracia.

En este marco, se realizó la presentación de la campaña “De Frente a la Libertad’, cuyo objetivo es visibilizar y crear conciencia sobre los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como reconocer su labor y contribución al fortalecimiento del estado de derecho.

Finalmente, se dio paso a la capacitación sobre medidas de protección de los organismos internacionales de derechos humanos, donde participaron personas funcionarias públicas, representantes de asociaciones civiles, organismos internacionales, las y los concejeros del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, representantes de Gobiernos Municipales y Consejos Fundacionales.

Se contó con la participación de representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, la Fiscalía General, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el coordinador en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la federación.